El precio del derecho a la información

LA pretensión de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) de cobrar un canon a los operadores de radio por retransmitir los partidos ha abierto una brecha que será muy difícil de cerrar. Acostumbrados a recibir cantidades millonarias por la venta de los derechos televisivos, la Liga aspira esta temporada a incrementar sus ingresos recaudando fondos de las radios, con las tensiones que está conllevando. No es la primera vez, lo intentó en 1994. 
Casi veinte años después, las principales cadenas de radio se amparan en el artículo 20 de la Constitución Española que garantiza el "derecho a la información de los ciudadanos". O lo que es lo mismo: el entendimiento de que su actividad profesional se justifica socialmente porque satisface una necesidad de información y comunicación del ciudadano.
El mismo artículo que nos recuerda diariamente en el ejercicio de la profesión que todos los periodistas son titulares de un derecho a buscar, recolectar, indagar e investigar información, con el propósito de difundirla. Y que todos los ciudadanos son titulares de un derecho a recibir información veraz, objetiva y apegada a los hechos y acontecimientos que les rodean. En este caso, las retransmisiones futbolísticas...

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